Reclamos de Seguro por Interrupción de Negocios

En general, las empresas se enfrentan a un posible desastre económico debido a una pérdida de ventas y ganancias netas cuando se produce una interrupción del negocio como resultado de la crisis de COVID-19.

El seguro de interrupción comercial está diseñado para proteger financieramente a su empresa en caso de una «pérdida» descrita o permitida por su póliza de seguro comercial. El tiempo para el inicio de la cobertura puede depender de un evento particular o una declaración de desastre del gobierno federal o estatal.

Su póliza de seguro debe ser examinada, ya que muchas pólizas de seguro comerciales contienen amplias exclusiones por daños causados por agentes biológicos. Otros brindan cobertura específica por daños causados por enfermedades. Aún, otras polízas brindan cobertura por daños causados por enfermedades, pero brindan sublímites que limitan efectivamente la cobertura disponible a ciertos máximos en dólares.

Además, muchas pólizas de seguro de propiedad comercial proporcionan cobertura para pérdidas de ingresos comerciales sostenidas cuando una «autoridad civil» prohíbe o dificulta el acceso a la empresa. Dependiendo de su redacción específica, la cobertura de “autoridad civil” puede requerir o no que la restricción de acceso resulte de una “pérdida física” por una causa de pérdida cubierta y, de ser así, a menudo no requiere que ocurra “pérdida física” para el titular de la póliza. En consecuencia, en el caso de que una autoridad gubernamental federal, estatal o local limite el acceso hacia o desde áreas donde se ha identificado la transmisión activa de una enfermedad infecciosa, la cobertura de la «autoridad civil» puede responder con un seguro por las pérdidas de ingresos de las empresas afectadas.

Este no es el momento para que un abogado participe en una «curva de aprendizaje» para ayudar a un cliente. Alentamos a las empresas que han sufrido daños graves por la interrupción del negocio a que un equipo de abogados expertos revise su política para evaluar si un reclamo de cobertura es viable, a la luz de la ley estatal sobre el tema.